Por: Emilio De la Cerda, Subsecretario del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
El patrimonio cultural es parte del desarrollo de los países y sus distintas comunidades, tal como lo ha reafirmado Chile en su Política Nacional de Desarrollo Urbano al establecer la “Identidad y el Patrimonio” como uno de los cinco ejes estratégicos en los que debe cimentarse el futuro urbano y territorial de nuestra sociedad.
Esta convicción comprende el patrimonio no solo como forma construida, sino como identidad y memoria compartida, como una estructura de valor simbólico que da sentido a lo que somos, lo que fuimos y a cómo nos proyectamos. Se trata de un ámbito dinámico en el que nos encontramos, generamos comunidad, en donde se promueve el desarrollo creativo y el diálogo. En este marco, el Estado y la sociedad en su conjunto tienen la tarea de promover acciones que permitan rescatar, administrar y construir patrimonio futuro.
Dentro de ese grupo de acciones, hay un ámbito acaso más postergado en el debate público y que sin embargo cumple un rol preponderante para vincular la dimensión conceptual con el campo concreto de los hechos: la dimensión técnica asociada a los procesos de recuperación patrimonial.
Los inmuebles patrimoniales, tal como todas las construcciones, están sometidos al paso del tiempo, a la erosión de los materiales por los efectos del clima o los desastres naturales, tales como los movimientos telúricos, especialmente en países como Chile. Debido a estas amenazas, su conservación y proyección hacia el futuro requiere procesos activos de rehabilitación y cuidado que no solo deben estar informados por conocimienitos específicos, sino que deben sustentarse en marcos normativos actualizados y pertinentes.
Por eso, tras el terremoto de 2010, en un trabajo colaborativo entre el Instituto de la Construcción y el Consejo de Monumentos Nacionales del Ministerio de las Culturas, además del aporte técnico de muchos profesionales e instituciones, se comenzó una ambiciosa iniciativa de actualización normativa que hoy, diez años después, nos permite afirmar que estamos en un escenario completamente distinto en esta importante materia.
Lo anterior, ya que en 2013 se publicó la norma chilena NCh3332 con el fin de establecer bases fundamentales para llevar a cabo intervenciones en construcciones patrimoniales de tierra cruda. La aplicación de esta norma logró darle viabilidad a proyectos de recuperación de valiosos inmuebles dañados por el terremoto de 2010, que por su sistema constructivo y material no eran factibles de llevar adelante y por lo tanto estaban detenidos.
En esa agenda continua de trabajo que llevamos junto al Instituto de la Construcción, un nuevo y relevante paso se dio en 2020, con la presentación de la norma para la intervención estructural en construcciones de valor patrimonial (NCh3389), que incluye disposiciones para edificios con tipologías constructivas en materiales que están presentes en gran parte de los inmuebles patrimoniales del territorio nacional, tales como como la albañilería, el acero, el hierro, el hormigón y la madera.
Gracias a estos avances son muchas las construcciones patrimoniales que ya no están fuera de norma, lo cual permite no solo su recuperación, sino las inversiones con fondos públicos y privados de cara a su salvaguardia. Estos logros en normativa patrimonial son un aporte concreto y decidido en la recuperación de los acervos compartidos a los cuales como sociedad hemos asignamos valor. Para hacernos una idea de este universo, cabe mencionar que en Chile la ley de monumentos nacionales y la ley general de urbanismo y construcciones protegen 1.078 monumentos históricos inmuebles, 3.717 inmuebles de conservación histórica, 146 zonas típicas y 208 zonas de conservación histórica.
Otro ámbito en el que impactarán estas normativas es el de la infraestructura cultural y patrimonial de Chile. La puesta en marcha del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio plantea el reto de la instalación de la nueva institucionalidad como un proceso asociado a la dotación equitativa en las diferentes regiones del país de infraestructura pública patrimonial y cultural, bajo estándares de calidad adecuados.
Lo anterior por cuanto en la actualidad existen importantes brechas de acceso a infraestructura cultural en los distintos territorios, especialmente en el campo de las bibliotecas, archivos, museos y depósitos. A ello se suma el potencial de estos programas de generar nuevas dinámicas urbanas allí donde se emplazan, en especial cuando se logra conjugar el uso cultural con la puesta en valor de construcciones que se ha decidido proteger como patrimonio.
Para avanzar hacia un modelo de desarrollo descentralizado y multisectorial en infraestructura patrimonial, el Ministerio de las Culturas formalizó el Plan Nacional de Infraestructura Patrimonial, que compromete un esfuerzo colectivo inédito a nivel estatal para la generación de Planes Regionales de Infraestructura Patrimonial, que serán implementados en el territorio a través de mesas presididas por los Gobiernos Regionales. Se trata de una estrategia de mediano y largo plazo que pretende traspasar los tiempos de un gobierno determinado, y que ha sido sancionada vía convenio con los ministerios de Obras Públicas y Bienes Nacionales, además de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
El desafío principal del Plan es disminuir en un horizonte de 10 años la brecha existente en la dotación de infraestructura patrimonial de carácter regional, instalando nuevos museos, bibliotecas, archivos y depósitos de administración del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, o bien avanzando en el cumplimiento de estándares mínimos en la edificación existente.
Como parte de este proceso se busca idealmente poner en valor patrimonio que esté en riesgo, identificando estos proyectos como una oportunidad de rescatar estructuras que de otra forma seguirían deteriorándose. El futuro Archivo Regional de Valparaíso es un ejemplo de este énfasis, por cuanto se levantará recuperando las ruinas del emblemático Palacio Subercaseaux, inmueble manzana de 1895 que hoy cuenta solo con sus fachadas, luego de la explosión e incendio de calle Serrano ocurrida el 3 de febrero de 2007. Una situación similar se da en la región de Coquimbo, donde se están realizando las gestiones para que el futuro Archivo Regional se levante en la Ex cervecería Floto, en el corazón de la zona típica de La Serena, recuperando parte de esa infraestructura industrial que es parte de la memoria local. Otro ejemplo es el proyecto en curso que el Ministerio de las Culturas, junto a la Intendencia de Ñuble y el Ministerio de Obras Públicas, están impulsando para el nuevo Museo Regional de Ñuble, en Chillán, el que se insertará en un nuevo parque y que contempla la reutilización de antiguos galpones y estructuras asociadas a las labores ferroviarias del sector.
Construir y administrar patrimonio futuro es una responsabilidad que cada generación debe hacer propia. Contar con una normativa patrimonial para estas construcciones es un paso sustancial y concreto en ese camino. Junto con ello, hay desafíos pendientes en los que es urgente avanzar, tales como una nueva legislación sobre patrimonio cultural en Chile, que permita descentralizar la gestión sobre el patrimono local- hoy todas las deciones se toman en Santiago- y sumar recursos, herramientas e incentivos para la conservación y salvaguardia del patrimonio. Ese es el horizonte del proyecto de ley que avanza en el Congreso, que está siendo ampliamente enriquecido por distintos sectores, y que esperamos que pronto pueda definir un nuevo marco de acción integral para la salvaguardia del patrimonio en Chile.