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Opinión

Conservación de la historia y burocracia

Por: Sergio Contreras A., Presidente Comisión de Construcción Patrimonial del Instituto de la Construcción.
Sergio ContrerasHemos conocido en estos últimos días un clamor que aparece como legítimo a la luz de diversos hechos que se han sucedido en la actualidad y ellos son la enorme lentitud y dificultad, con el consecuente sobrecosto, que enfrentan todas las tramitaciones de proyectos que tienen alguna relación con edificaciones patrimoniales.

Es per se comprensible que estas tramitaciones configuren una dificultad muchas veces insuperables para diversas instituciones o personas que se enfrentan a un sinnúmero de exigencias que a veces ni siquiera entienden.

El problema, sin embargo, se configura a partir de muchas aproximaciones que debemos considerar para resolverlo. La primera de ellas y la más urgente es contar con especialistas entrenados y con la debida experiencia para exponer el problema de manera correcta a partir de una experticia compatible con las obras que se necesita intervenir, como contrapartida y, de la misma manera, es necesario tener personas de similar capacidad por parte de la autoridad.

También es necesario tener a especialistas en las distintas áreas que sea necesario intervenir y en éstas es de primordial importancia comprender en profundidad que una construcción histórica presenta características y ámbitos, normalmente, muy distintos a las construcciones nuevas. Entre ellos quizás los más relevantes y que causan un mayor impacto dada la naturaleza de su investigación son los arqueólogos, quienes necesitan de un tempo distinto al resto de los participantes de estos proyectos. Sin embargo, este aislamiento de la realidad inmediata, aunque sea justo y necesario, no puede de manera alguna ocultar y desviar el desarrollo oportuno y eficaz de las obras con las cuales interactúe. En este sentido es atendible la reclamación de quienes están encargados de esos proyectos.

Para resolver esta dicotomía y poder lograr una solución de consenso debidamente equilibrada, cobra importancia esencial un ordenamiento jurídico adecuado y finamente planteado de manera que se salvaguarde el objetivo y el proceder de la investigación arqueológica e histórica y que, a la vez, se respetan las necesidades de los proyectos en sus aspectos de arquitectura e ingeniería frente a las proposiciones que los especialistas plantean. Estas proposiciones no pueden y no deben estar basadas en privilegios de algún tipo, menos aún los basados en una importancia supuesta de  una investigación particular de los bienes patrimoniales.

Desde otra mirada, es también importante considerar el hecho de que la destinación de recursos debe ser equilibrada y pensada con suficiente justicia. Si se centra la atención en una importante pérdida de recursos debido a las exigencias de la ya latamente referida investigación, también debemos pensar que quizás con una parte de ellos, se puede entregar recursos consecuentes a los organismos del estado encomendados de resguardar los bienes patrimoniales para mejorar su equipamiento y su personal de manera que entreguen un servicio aún más eficiente y ágil.

También, debemos reflexionar en torno a la poca y quizás nula voluntad para apoyar estudios, normativas y reglamentaciones que permitan a los profesionales realizar su trabajo de manera ordenada, bien informada y, en especial, regulado de manera equitativa para todos los participantes. Hasta ahora la mayoría de los documentos regulatorios que existen, han sido logrados con un enorme esfuerzo y convicción por personas más bien aisladas que han debido enfrentar carencias y resistencias también venidas desde la burocracia inútil. Muchos de estos documentos hoy en día son desconocidos incluso por los especialistas.

Es hora de que resolvamos esos problemas de manera seria y definitiva.

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